IU en la calle luchando, en las instituciones protegiendo: para que no existan casas sin gente ni gente sin casas.


Espejo, espejitoIU en la calle luchando, en las instituciones protegiendo: para que no existan casas sin gente ni gente sin casas.

Por José Luis Espejo

El 15 de octubre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizaba la primera expropiación temporal de una vivienda a entidades bancarias para evitar el desahucio de una familia sin recursos. La primera familia beneficiada por la Ley fue de Huelva, que en el mes de Abril ya tenía el visto bueno de la Consejería de Fomento en aplicación del decreto sobre la función social de la vivienda (el llamado decreto anti-desahucios) pero que se paralizó porque el Gobierno central  con Mariano Rajoy a la cabeza decidió recurrir el mismo ante el Tribunal Constitucional.

La Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Izquierda Unida (IU) a través de Elena Cortés reactivó los expedientes tras aprobar el Parlamento el pasado 26 de septiembre la ley del mismo nombre que el decreto, pero de mayor rango. Pues bien, como el de esta familia de Huelva, hay en la provincia de Jaén según nos informa el delegado provincial de Fomento y Vivienda, Juan Antonio Sáez, nueve expedientes de expropiación temporal que cumplen los requisitos contemplados en la Ley. En el balance realizado por la Oficina en Defensa de la Vivienda, en la provincia, desde su comienzo allá por  Octubre del año pasado se nos informa que se ha atendido ya 347 casos, de ellos se han conseguido evitar mediante los instrumentos de protección e intermediación 151 desahucios. Son personas que habían solicitando labores de negociación, renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o de subasta, entre otras. Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera, que no pueden pero que quieren pagar, a los que los bancos ya les habían comunicado su intención de iniciar el procedimiento ejecutivo o estaban incursos en el proceso de reclamación judicial de la deuda. Las personas que demandan el servicio protección tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La intervención de la Oficina en Defensa de la Vivienda ha hecho desistir estas entidades de continuar con estas acciones. También se le han buscado viviendas a 29 familias. Se han tramitado igualmente 58 expedientes de protección de avalistas, junto a 57 autónomos que se han visto involucrados por haber puesto sus bienes para responder por alguien, que finalmente no ha podido cumplir con los pagos. Además de estas acciones: de realojo, del uso del derecho de tanteo para impedir que los bancos especulen con la vivienda subastada, de la provisión de un techo a familias sin recursos, de la suspensión 114 desahucios dentro de su parque público de viviendas de su parque público y de impedir los desahucios de las entidades bancarias, la Consejería a través de esta iniciativa legislativa crea un mecanismo que facilita el alquiler garantizando mediante seguros públicos esta actividad, y multa a los bancos que tengan viviendas vacías y no las pongan en disposición de alquilar. El objetivo de la Consejería es que a lo largo del próximo año entre 7.000 y 8.000 viviendas puedan salir al mercado del alquiler de las entre 700.000 y un millón de viviendas vacías que hay en la comunidad, la inmensa mayoría de ellas en manos de bancos inmobiliarias y sociedades de gestión de activos, a un precio asequible, para algunos de los 20.000 jienenses inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda. En los registros municipales de demandantes de VPO hay 1.740 las personas en la provincia jienense que solicitan un hogar en régimen de alquiler. En definitiva la Ley aprobada en septiembre recoge el decreto anterior y amplía algunos extremos, como la posibilidad de que la expropiación temporal del uso de la vivienda pueda ser solicitada también por avalistas, autónomos y personas con hipotecas puente, y ampara a los desahuciados por impago del alquiler. A su vez la Consejería de Comercio, Turismo y Consumo ha puesto en marcha el Decreto de Protección de los Consumidores de contratos hipotecarios que da un paso de gigante hacia la transparencia y protección de los derechos de la ciudadanía frente a los abusos de los poderes financieros obligando a los notarios a  denunciar las cláusulas abusivas e informar correctamente de ellas. IU no solo reivindica en la calle como cuando nos concentramos en torno a unos 150 personas en la Subdelegación del Gobierno para protestar por el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto sobre la función Social de la Vivienda, o participando en la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular o en la manifestación celebrada en Jaén el 16 de febrero donde asistieron más de 2.000 manifestantes, sino que a su propio socio de gobierno el PSOE le planteamos a cara de perro desafíos y retos como el decreto de Emergencia Habitacional donde se garantice  los suministro básicos de luz, gas y agua a las personas vulnerables excluidas y sin recursos. Personas a los que el PP les niega el pan y la sal, como ha ocurrido en la Comisión de Industria del Congreso donde se rechazan las enmiendas de IU a la reforma de la ley del sector eléctrico. Enmiendas en las que se solicitaba un sistema público de precio social, que se fijen unos consumos mínimos vitales y prohibir que se corte la luz por impago a familias para los hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social. Energía que en los últimos siete años se han incrementado un 67% engordando los bolsillos de los poderosos (Banca, Eléctricas, etc.) que son los que mandan en este país pero que no se presentan a las elecciones porque ya tienen al PP y PSOE para seducir a los ciudadanos por ellos. A esos mismos que le han regalado los 38.000 millones de euros públicos. Tanto  los decretos aprobados por el PP de marzo del 2012 como el de noviembre del 2012 según Adicae, el 88% de los hipotecados no cumplían los exigentes requisitos (como que los afectados como los avalistas carezcan de cualquier renta), lo que demuestra su inutilidad. Tan solo han servido de adormidera y que al cabo de dos años terminen endeudados y con la casa subastada. IU no mira para otro lado, no es neutral, sus cargos públicos como nuestro concejal Miguel Ruiz y otros compañeros se implican y colaboran todos los miércoles en sus reuniones de la PAHT con los afectados, actitud muy distinta a la de las hienas que con voracidad nos carroñean.

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