La apuesta del PCE e IU por un Nuevo Proceso Constituyente


La reclamación de un nuevo proceso constituyente se está convirtiendo en un clamor popular, una urgente necesidad que se exige desde las calles y plazas de la España indignada ante la gran estafa perpetrada por el capital contra los trabajadores y trabajadoras, contra todos los que dependemos exclusivamente de nuestra fuerza de trabajo para vivir.

La necesidad de convocar nuevamente al soberano constituyente es la conclusión puesta de manifiesto ante la pérdida de soberanía política y económica que experimentan los países más golpeados por la crisis, España en especial, en el contexto de consolidación de una arquitectura política de la Unión Europea que el PCE e Izquierda Unida rechazamos ya en los años 90, coincidiendo con la aprobación del Tratado de Maastrich.

Hoy nadie duda que con la excusa de la crisis, el neoliberalismo y las oligarquías financieras han puesto en marcha un contra-proceso constituyente con el único objetivo de acabar con el estado social y la democracia. Constantemente nos advierten que la construcción de la sociedad del bienestar debe dejar de estar en nuestro horizonte, porque supone, dicen, vivir“por encima de nuestras posibilidades”. De esta forma, la crisis es utilizada por el capitalismo para imponer su nuevo modelo político, un modelo excluyente en lo social y de democracia limitada.

Para llevar adelante sus políticas depredadoras de usurpación de la riqueza social a la mayoría, el capital ha utilizado a sus partidos títeres -PP y PSOE- para poner en marcha un nuevo consenso constitucional que acabara con el que dio lugar a la constitución de 1978. Ahora, la izquierda transformadora ha sido conscientemente marginada, porque se trataba de constitucionalizar, a través de la reforma urgente del artículo 135 de la CE, el pago de la deuda bancaria privada con recursos públicos y la prohibición de endeudamiento para garantizar los derechos sociales de los ciudadanos. El PSOE y el PP sabían que ni el PCE ni Izquierda Unida aceptaríamos nunca constitucionalizar un mecanismo de usurpación de riqueza colectiva para beneficio de las oligarquías financieras.

Esta situación excepcional requiere soluciones extraordinarias y ambiciosas, puesto que no estamos ante un “recorte” transitorio de derechos, sino ante el intento de consolidar un modelo que aspira a aplicarse estructuralmente.

Por ello, cada día resultan más erróneas, imposibles y a la vez estériles, las posiciones que, supuestamente desde la izquierda, defienden que la salida a la actual situación de desmantelamiento del estado social es posible respetando las reglas del sistema capitalista, como si acaso existiera un capitalismo bueno, con rostro humanos, y otro perverso y depredador. Rechazamos esta opción y a quienes la defienden, porque o bien no son capaces de diferenciar entre el papel de un sindicato y el de una organización política de izquierda transformadora, o bien ignoran que la crisis no es más que el mecanismo que la oligarquía utiliza para arrebatarnos derechos democráticos –civiles, sociales y económicos- o bien sustentan ideológicamente y de forma consciente, al sistema capitalista en su actual fase de ultra depredación.

Optamos por construir un modelo constitucional alternativo para así garantizar una vida digna a todas y todos: un nuevo estado social, construido sobre un modelo económico sustentable, con justicia social, equidad y democracia participativa plena. Con un pueblo protagonista de su destino que pueda proscribir los mecanismos jurídico-políticos que han posibilitado la criminal desregulación que dio lugar a la usurpación de la riqueza de la mayoria de la sociedad por unos pocos.

Izquierda Unida acordó en su X Asamblea Federal impulsar un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de País. Un proceso que supere este antiguo régimen y sus carencias mediante la ruptura con el sistema ultraliberal que nos quieren imponer, y que a la vez nos permita construir un modelo constitucional alternativo, que ya no puede ser el aprobado en 1978, porque nuestra Constitución ha mostrado claramente que es imprecisa e ineficaz para garantizar democracia y derechos sociales y políticos, cuando no también libertades públicas.

Para cualquier fuerza política que se defina de izquierdas, defensora de los derechos e intereses de los trabajadores, de las mayorías sociales, de los de abajo, el inmovilismo constitucional y el miedo a abordar hoy día un proceso constituyente que levante un nuevo proyecto de país frente el modelo actual fracasado, sería renunciar a tener la iniciativa política.

Izquierda Unida y el PCE vienen trabajando desde hace tiempo para poner en marcha diferentes alianzas políticas, sindicales y sociales que converjan en torno a una agenda política de construcción de un nuevo proyecto de país. Y ello para poder satisfacer las necesidades y reclamaciones de democracia y bienestar social que piden las mayorías, los de abajo. Impulsamos una agenda política articulada en torno a un programa que garantice todos los derechos imprescindibles para llevar adelante una vida digna: derechos civiles y políticos, y también derechos sociales, económicos y laborales.

La X Asamblea Federal de Izquierda Unida situó como principal acuerdo político el organizar y representar a esa mayoría social objetivamente interesada en la construcción de un nuevo modelo constitucional que supere el secuestro de la democracia efectuado en las últimas décadas por los mercados. Los de abajo son conscientes, cada día más, de la necesidad de poner en marcha un proceso político que procure una alternativa constitucional y, de esta forma, la reivindicación de un nuevo proceso constituyente se ha convertido en una reclamación popular que cada vez se debate con más fuerza en foros y movimientos sociales de resistencia y en todos los espacios donde se da la confrontación de clase en el marco del constante conflicto social que vivimos.

Los defensores del actual estado de cosas caricaturizan el anhelado proceso constituyente reduciéndolo a la mera e inmediata convocatoria de una Asamblea Constituyente, que irremediablemente sería hegemonizada por las mismas fuerzas conservadoras y oligárquicas que han acabado con el endeble estado social nacido de la Constitución de 1978. Izquierda Unida definió en su ultima Asamblea Federal, muy claramente, lo que entendemos por“proceso constituyente”: un proceso de acumulación de fuerzas para la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano, el pueblo, otorga a las nuevas instituciones del nuevo estado, necesaria y evidentemente una República.

Los procesos constituyentes han sido el marco político natural en el que se han efectuado los más profundos cambios sociales e institucionales, cambios necesarios para regenerar la Democracia, defender la soberanía nacional, garantizar el Estado Social y de Derecho y crear una economía realmente productiva frente al modelo especulativo. En todos los casos estos procesos consiguieron una mejora sustancial del nivel de vida de la población, más democracia y hacer retroceder la pobreza, la corrupción y la exclusión social. Hablamos de un nuevo pacto social que garantice los contenidos esenciales de una democracia que tendrá que ser realmente participativa como corresponde a una sociedad políticamente mayor de edad, un nuevo pacto social que se dote de los mecanismos de defensa necesarios para impedir que nunca más nos sean usurpados los derechos fundamentales que garantizan una vida digna para todas las personas.

El proceso constituyente funciona como catalizador de los anhelos de buena parte de las clases populares -de los de abajo- que con él se empoderan y politizan. Por ello, la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente fundadora de un nuevo modelo de sociedad, no es hoy el inicio sino el final de un proceso de configuración de una nueva mayoría social y electoral.

A nadie se le escapa que en el actual contexto de hundimiento de la democracia y el estado social, al menos en los países del sur de Europa, es imposible avanzar en un modelo social de construcción europeo. Por lo tanto, el éxito de este Nuevo Proceso Constituyente es requisito imprescindible y paso previo para poner en marcha un nuevo proceso constituyente de la Unión Europea. Sin el previo cambio radical de la orientación de las políticas de los países europeos que más padecen y se aprovechan de la crisis, no es viable un proyecto de Unión Europea. Las oligarquías financieras y plutocracias europeas no van a renunciar voluntariamente a su inmenso poder político y económico.

Las luchas cotidianas en defensa de los derechos sociales y políticos arrebatados o nunca otorgados, y la dignidad de nuestro pueblo, son el motor del proceso de acumulación de fuerzas que nos llevará, a quienes propugnamos el cambio del modelo constitucional, a ser mayoría política y electoral, mediante la convergencia de los actores políticos de oposición al actual modelo –con una IU que debería ser la vertebradora de esa oposición- con los movimientos sociales y mareas que defienden a cada uno de los sectores y derechos sociales golpeados o suprimidos por las despojadoras oligarquías que nos gobiernan.

La creación del sujeto político constituyente se logrará utilizando como herramientas, por una parte, la más amplia y posible convergencia política y social, y por otra parte la elaboración programática como concreción del amplio acuerdo alcanzado para hegemonizar el nuevo modelo constitucional. Intentar hacer realidad el nuevo proceso constituyente solamente con los esfuerzos de IU no es posible, pero sin IU es imposible hacerlo realidad.

Que nadie se confunda ni intente confundir a nuestro pueblo: la única opción para la puesta en marcha del Nuevo Proceso Constituyente es ganar elecciones, generar nuevas mayorías políticas, sociales y electorales mediante el empoderamiento de nuestro pueblo, de todos los que hoy somos y nos reconocemos en los de abajo.

Fuente: Mundo Obrero. Autor: Enrique de Santiago Romero. Secretario de Convergencia Político-Social de IU
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