Al “Pacto por Andalucía” le estorba el artículo 135 de la Constitución


pactoporandaluciaEl pago de la deuda antes de atender las necesidades de las personas, que se consagra en el Art. 135 de la Constitución, representa un serio obstáculo para desarrollar un acuerdo que centre la política en el ser humano. La reforma laboral, o el ataque a lo público llevados a cabo por el gobierno central –sanidad, enseñanza o servicios sociales- serán escollos difíciles de superar. Vídeo aquí http://kyp.be/8vm

Por ello, los representantes de Izquierda Unida que han acudido al encuentro con el Presidente de la Junta de Andalucía, nuestro portavoz parlamentario, José Antonio Castro y el responsable de Organización, José Luis Pérez Tapias, han querido dejar claras las condicionantes políticas que enmarcan el diálogo hacia el acuerdo.

IU ha planteado ante todo que el “Pacto por Andalucía” tiene que ser útil, para las personas que son las víctimas de una crisis de la que no son responsables y que, en cambio, sufren sus consecuencias. Ese debe ser el punto central del acuerdo, las personas y no los mercados, dando una salida social a la crisis favorable a la gente que tiene problemas.

Útil para desarrollar otras políticas económicas y sociales que no estén supeditadas al pago de la deuda, denunciando las políticas de austeridad y de recortes y avaladas por la troika.

Y tiene que ser útil, desde luego, para gobernar con la gente, de forma que hay que incorporar a los movimientos y a las organizaciones sociales, no siendo suficiente un acuerdo entre partidos o en la forma de anteriores acuerdos de concertación, patronal y sindicatos solamente.

A partir de ahí se ha trasladado al Presidente un decálogo que expone la necesidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico basado en una economía productiva y no especulativa, subordinada al interés general y asentada en los principios del 156 y 157 del Estatuto de Autonomía.

La defensa del mantenimiento y la creación de empleo de calidad combatiendo los efectos de la reforma laboral del PP y exigir su derogación, desarrollar políticas que amortigüen los efectos de la crisis en la parte más débil de la sociedad andaluza o reclamar la modificación de la Ley Hipotecaria, cumplimiento del Estatuto de Autonomía, acceso universal a los servicios, frenar las privatizaciones, defensa del medio rural, economía de la igualdad, modelo federal e impulso a la participación. Todo ello con el soporte de la movilización.

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