Excusas, incumplimientos y graves defectos de nuestra democracia.


Una de las cosas que más me confunden en el actual estado de zozobra en que vivimos es la patente inacción sobre aspectos fundamentales de nuestra convivencia democrática que demuestra tener la fiscalía del estado o el poder judicial en general.

Se debe suponer que la fiscalía ejerce sus funciones en nombre del estado de la nación, y el estado de la nación no es, al menos exclusivamente, su gobierno y administración, sino además y entre otros, la propia legalidad vigente, expresión de la voluntad popular que lleva a estos y no otros políticos, a este y no otros gobiernos a realizar su labor legislativa y de gestión en base a un contrato concreto o programa electoral que es ratificado por el voto popular, expresión directa de la soberanía nacional.

Cuando un gobernante no sólo no aplica, sino que incumple sistemáticamente el programa político y de gestión que le llevó a ganar una elecciones y mediante el cual tiene los votos necesarios para formar gobierno, este gobernante no está autorizado a gobernar, y además de por cuestiones éticas, y sobre todo legales, no puede transferirse el mandato otorgado en las urnas al grupo político, por que no es propiamente el elemento votado en las elecciones, sino él mismo unido irremisiblemente al programa que anunció o contrató con el electorado para llevar a cabo.

La interpretación que en este caso, como en numerosos otros a lo largo de la existencia de nuestra democracia, hacen los gobernantes es flagrantemente delictiva. El elector no apoya con su voto a personas e ideologías concretas, sino a estas en relación a un programa de gobierno previsto. Efectivamente en el transcurso de la gestión de poder pueden darse situaciones donde existan lagunas programáticas, ni siquiera en estas condiciones tiene el gobierno carta blanca para dar rienda suelta a una acción más o menos improvisada, para esto está previsto en la Constitución que si el caso es de suficiente envergadura se realicen consultas populares, y si lo es de menos el Parlamento tiene recursos para plantear la confianza al ejecutivo. Lo que es evidente es que el voto en las urnas no es un cheque en blanco para un partido, es la aquiescencia a un programa llevado a cabo por aquel que lo diseñó.

Si esto no fuera así, cualquiera prometiendo el oro y el moro, por más que de un guión de ciencia ficción se tratase, podría llegar a ocupar el gobierno de una nación. Incluso Hitler y Mussolini llegaron al poder mediante elecciones basadas en programas. Cuando Rajoy y su ejecutivo declaran haber incumplido sistemáticamente su programa, por más que realicen estas afirmaciones escudándose en el victimismo, la falta de datos previos dignos de ser tenidos por fiables, etc. no hacen otra cosa que declarar que su mandato no es posible realizarlo tal cual quedó acordado entre él y su electorado, ante lo cual, no lo honesto, sino lo único posible en democracia es dimitir y abrir un nuevo plazo para realizar elecciones.

Un partido político no puede escudarse en el “no sabía” para realizar una política contraria a su propio programa. No sabía no es una razón, me ocultaron información no es una razón, es ante todo una dejación de funciones monumental y un resquicio por el que todo lo que se quiera que cuele, pase a formar parte de la gestión de un gobierno. Así cualquiera.

Si esto lo vemos con plena naturalidad personas sin la formación de un fiscal general, ¿qué hace falta para que éste actúe de oficio en defensa del estado?. Alguien tiene que defender al estado de sus propias aberraciones y cuando esto no se hace cabe pensar que la aberración es antológica y los ciudadanos estamos indefensos y cercanos a un poder dictatorial por más que formalmente hablemos de democracia y e derechos.

Sólo en una dictadura son comunes las expresiones paternalistas como: ni yo mismo pensaba hacer lo que hago, que es por vuestro bien. Si ni tú pensabas hacer lo que haces, no lo hagas. Dimite. Reprograma y vuelve a preguntarnos si eres digno de representar nuestra voluntad. Si los órganos institucionales no reaccionan de motu propio ante un delito semejante, con presteza y eficacia, habrá que ver qué falla para subsanarlo y que no vuelva a ocurrir.

 

Manuel Bermúdez

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