Exigimos un referendum


La Gaceta Sindical de CCOO, nos informa que se ha constituido la Comisión Promotora para un Referéndum sobre los recortes.

El Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid ha sido el escenario donde la Cumbre Social, que integra a más de 150 organizaciones, ha presentado la Comisión Promotora para un referéndum sobre los recortes impuestos por el Gobierno, de la que forman parte destacadas personalidades de la cultura, la universidad y la justicia. Un acto en el que, además, se ha dado a conocer el contenido de la carta que se enviará al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigiendo la celebración de una consulta popular. Con la constitución de esta Comisión Promotora se da inicio a la campaña de recogida de firmas para exigir un referéndum, en la que participarán activamente las organizaciones de la Cumbre Social.

Asimismo, se ha creado la página web http://www.exigimosunreferendum.org en la que se podrá acceder a toda la información sobre el desarrollo de la consulta, y firmar a favor del referéndum.

Este es el texto que se adjuntará a la petición

Señor Presidente del Gobierno de España:

Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.

No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.

En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato electoral” establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.

El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio, y creciente, riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-, que puede desembocar en expresiones mucho más dramáticas e indeseables que las que hemos visto hasta ahora.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.

Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo… Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.

No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.

Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial trascendencia”, ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

Octubre 2012

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