Intervención Ignacio García 13/06/2012


Señorías, Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema y una política neoliberal que obliga a los ajustes y a los recortes a los demás.
Por ello, podemos decir alto y claro que Izquierda Unida no es responsable de
este plan de ajuste financiero, de estos ajustes que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por Izquierda Unida.
Sin embargo, en aras de la responsabilidad, Izquierda Unida trabaja, lucha,
dialoga para mejorar el plan de ajuste financiero y para que su impacto,
especialmente sobre los trabajadores públicos, sea el menor posible, sin por ello incidir en políticas de tipo social.
Desde que se presentó inicialmente el plan de ajuste financiero han pasado
muchas cosas. Entre ellas, la más importante, que España, este país, hoy está
rescatado. A pesar de la confianza que iba a suponer el que gobernara el señor
Rajoy, España es hoy un país rescatado e incluso intervenido. Y el señor Rajoy,
el paradigma de la austeridad, después de anunciarle al país este plan de
rescate, que, indudablemente, puede traer medidas de control —ya han sido
anunciadas por el Fondo Monetario Internacional y por la señora Merkel— y
medidas de ajuste adicionales sobre el conjunto de los españoles; el señor
Rajoy, insisto, paradigma de la seriedad, paradigma de la austeridad, se coge un avión privado y se va a ver un partido de fútbol a Polonia [aplausos], cuando hay muchos parados en este país que no tienen ni para pagar la luz del televisor en el que también el señor Rajoy podía haber visto el partido. Mal momento para ir a ver un partido de fútbol en un avión privado.
Andalucía sufre, pues, una doble intervención: la intervención que corresponde al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada. En lugar de incrementar ingresos a través de la lucha contra el fraude fiscal y a través de una reforma fiscal que solo puede hacer el Gobierno central —Andalucía puede modificar muy levemente la incidencia fiscal de nuestros impuestos, de nuestros ingresos—, el Gobierno de España ha renunciado a esa reforma fiscal global y a la lucha contra el fraude, y esto nos lleva a una intervención financiera de facto que Andalucía sufre de manera doble.
En definitiva, desde posiciones de fuerza inadmisibles que rozan el chantaje, a
Andalucía se le ponen por delante unos objetivos de ajuste que hay que
acometer sí o sí. Se condiciona la financiación de Andalucía, pública y privada,
a la valoración subjetiva, por los señores Montoro y Beteta, de un plan de ajuste que les tiene que gustar a ellos, a los señores Beteta y Montoro, que, como se sabe, son máximos ejemplos de coherencia y transparencia a la hora de informar de las cuentas públicas de comunidades autónomas como Madrid y como Valencia.
Evidentemente, ante esta situación, en Izquierda Unida tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema. Un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías e, insisto, intervención de facto en Andalucía.
Podíamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento. Porque irnos nosotros significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo. La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy; esa que traía escrita, al parecer, con tinta invisible en su programa electoral, porque nadie la había visto.
Despidos masivos y privatizaciones a todos los niveles. Y esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto, las líneas rojas.
No a los despidos masivos y generalizados. No a las privatizaciones. Decía ayer
un querido compañero: «Todos somos insumisos ante la muerte, pero eso no
impide que la muerte esté ahí y nos acabe pillando a todos». El plan de ajuste
es algo similar: o lo tomas o lo dejas, pero son lentejas. El Gobierno central ha
puesto a Andalucía una pistola en la sien. Y si no lo aplicas, y además aplicas el
que a mí me gusta, no cobras. No cobran, a lo mejor, la nómina los empleados
públicos y ahí te pudres.
Y esto es muy serio. Esto es muy serio. Porque de la aprobación de este plan
depende el acceso a la financiación pública o privada de la Junta; es decir, su
funcionamiento. Pero hay que decir que aquí no hay un recorte impulsado desde la Junta de Andalucía, hay un único recorte que viene desde el Gobierno central.
Un Gobierno central del que depende al 90% la financiación de las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía. Un recorte que,  además del contenido en los presupuestos, se ensaña de manera especial con educación y sanidad, con recortes específicos de 3.000 y 7.000 millones de euros en políticas que no ejecuta el Gobierno, sino las comunidades autónomas.
Y con decisiones de obligado cumplimiento, como la elevación de la jornada
lectiva o las que se refieren a la universidad. O como el cobro de ambulancias y
prestaciones sanitarias diversas que hasta ahora eran gratuitas; ambulancias,
que, por ejemplo, a los enfermos de diálisis se les va a cobrar. O como la
exclusión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes, de muchas mujeres
divorciadas y de tantos jóvenes que, en una situación de paro de cerca del 50%, no han podido cotizar a la Seguridad Social.
Izquierda Unida no comparte estos ajustes y ha luchado, insistimos, y sigue
luchando contra ellos. Pero no vamos a entregar la llave de Andalucía a la
derecha. Podrán apretar… No vamos a entregar —por si no lo han oído bien— la llave de Andalucía a la derecha.
Podrán apretar con el grifo y el chantaje de la financiación, pero no podrán
gobernar Andalucía ni por ello destruir el sistema de derechos sociales
construido en democracia. En este plan hay una cuestión especialmente
dolorosa, el sacrificio que una vez más harán los empleados públicos. Sobre
ellos recae un 20% de los recortes. Cerca del 25% —y quizás no se habla de
esto suficientemente— recae sobre la inversión. Pero gracias a este ejercicio de
solidaridad de los empleados públicos, en Andalucía, resisten, suficientemente, los derechos sociales. Gracias a este esfuerzo, se salva el salario diferido que supone para toda la sociedad, también para los funcionarios, el tener acceso a unos servicios públicos universales y de calidad. Gracias a ese esfuerzo, se mantienen esos servicios, especialmente, para el colectivo que más sufre, el de los parados y paradas andaluzas cuya situación es la prioridad de este Gobierno.
En Andalucía se ha apurado, prácticamente, al máximo la capacidad de
maniobra en materia impositiva. Aunque no renunciamos a seguir por ahí, en el tramo autonómico que nos corresponde estamos a nivel de los países nórdicos.
Pero lo que también hemos apurado es nuestra capacidad de estupefacción.
Mientras se exigen en Andalucía recortes de 2.700 millones de euros, que
afectan a las políticas sociales, aparecen por arte de magia, y si no se mendigan
por parte de los señores De Guindos, Montoro y Rajoy en Europa, 100.000
millones para el sistema bancario. Y ya se habla que a costa del rescate del
sistema bancario se van a tocar las pensiones, se puede elevar la edad jubilación —más todavía—, más recortes, etcétera, etcétera. Y de los 100.000, 20.000 van para el buque insignia bancario del Partido Popular, la Bankia pilotada por su maestro económico, el señor Rato.
Y ojo a cómo se va a destinar ese dinero de los bancos. Se habla de cerrar 3.000 oficinas en España. Se habla también, o se empieza a hablar ya, de pensiones de jubilación multimillonarias para los altos cargos de esos bancos. Habrá que estar muy atentos, no vaya a ser con el dinero de nuestros recortes se estén forrando los de siempre, principalmente, los del Partido Popular.
Izquierda Unida mantiene y anuncia seis líneas de actuación para la mejora del
Plan de Ajuste Financiero. La primera, la que ya he dicho de no a las
privatizaciones ni a los despidos. La segunda, reducir el impacto, en lo posible,
sobre el capítulo I, intentando compensarlo con los capítulos II y IV. La tercera, dar progresividad absoluta a las medidas de impacto en materia salarial. Esto significa que los mileuristas no deberían sufrir recortes y a partir de ahí se aplicaría progresividad en función de los ingresos. Y aquí se incluye al Gobierno y a los altos cargos de la Junta y del Parlamento. Pues, más el que más. Si se gana más, más recortes. Queremos también reducir, significativamente, el impacto sobre el personal interino e introducir cláusulas de reversibilidad para que los afectados recuperen derechos una vez cambie la situación económica. Y, por supuesto, la sexta línea de actuación: profundizar al máximo en las medidas de austeridad y racionalización del gasto público.
Todo lo anterior se realizará en dos etapas. La primera el próximo Consejo de
Gobierno o cuando decidan aprobar por decreto ley el plan de ajuste. Y la
segunda el trámite parlamentario que se hará como proyecto de ley.
Pero que no se nos olvide. Estamos ante tiempos difíciles, agravados por un
Gobierno sin brújula y sin cabeza, hooligan de un sistema injusto e ineficaz, que
se va a ver en un avión privado un partido de futbol después de condenar a este país. Gobierno central del Partido Popular, auténtico cipayo del neoliberalismo conservador imperante en Alemania.
Y, finalmente, una reflexión. Andalucía tiene un límite. Desde el Gobierno
central no pueden apurar este límite, porque Andalucía sabe decir basta, como
hizo un 28 de febrero y como puede volver a hacer en cualquier momento.
Porque Andalucía sabrá salir a la calle si las cosas siguen así, si el Gobierno del
Partido Popular sigue abusando de los andaluces y andaluzas. Y en la calle, con
la gente, seguirá estando Izquierda Unida.
Muchas gracias.
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